Manifiesto de Oviedo

Nosotra/os, concejala/es, diputada/os, activistas y ciudadana/os, conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en las políticas, desde municipales hasta estatales, rechazamos el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.

Consideramos la modificación del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la ‘Ley Montoro’ de la Administración Local unas legislaciones profundamente injustas que se han impuesto sin legitimidad democrática. De hecho, la ‘Ley Montoro’ ha sido declarada parcialmente inconstitucional. La aplicación de estas normas socava la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos y ataca los derechos de la ciudadanía.

La socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española -disparó la deuda y el déficit en 2012-, se sigue promoviendo con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que lejos de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, convirtiendo deuda comercial en deuda financiera y aplicando a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el BCE aplica a las entidades financieras. Tanto en los ayuntamientos y comunidades sobreendeudados por obras faraónicas e inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones, sobornos y todo tipo de corruptelas, como en administraciones en principio saneadas, el Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inflado la deuda pública de manera ilegítima.

El Gobierno ha demostrado que cuando le interesa sí alivia la deuda. Así, en 2015, año electoral, el Gobierno de Rajoy eliminó los intereses que los municipios tenían que pagar a los bancos y los postergó al año siguiente, imponiendo incluso a los bancos una rebaja en los intereses durante siete años, reconociendo así que éstos eran claramente abusivos.

Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y CCAA, encargadas de cubrir necesidades básicas como la educación o la sanidad, aunque son las Administraciones Públicas menos endeudadas (un 3,2% y un 24,9%, respectivamente, en comparación con el 88% de la Administración Central). El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB, según el Banco de España, al 13 de octubre de 2016.

Por todo ello, exigimos:

Un cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA

La derogación de la reforma del Artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados.

El cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas

Y nos comprometemos:

A apoyar la constitución de un frente formado por los municipios, las Comunidades Autónomas y las nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación; un frente que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas; un frente para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de la/os ciudadana/os.

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