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¡Fuera Montoro de los Ayuntamientos!

Por Andrés Valentín. 05/01/2017

montoro-efe-644x362 El debate sobre las líneas maestras de la reforma de la Administración Local de Navarra avanza. El proceso participativo goza de buena salud.

Sin embargo, se corre el riesgo de que estos debates importantes sobre el Fondo de Haciendas Locales, sobre las Comarcas y las Mancomunidades, etc. oculten el verdadero problema de las administraciones locales de Navarra: los gravísimos ataques a su autonomía, a la suficiencia financiera, a los servicios que deben prestar a la ciudadanía.

La reforma del artículo 135 de la Constitución consagra la absoluta prioridad de las obligaciones de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto público. No hay que insistir en los devastadores efectos sociales que ha supuesto esta reforma constitucional, pero resulta obligado recalcar uno de los aspectos que está siendo menos considerado: su impacto en las administraciones locales. El equilibrio presupuestario pasa a ser imperativo constitucional: “Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.”

La prioridad constitucional de las obligaciones de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto público es una imposición descarada del capitalismo que hubiese hecho imposible, por ejemplo, la recuperación de la crisis de los años 30. Los procesos constituyentes no están a la vista, pero será necesario incluir la reversión del artículo 135 en la agenda de los mismos.

En desarrollo de ese artículo constitucional modificado, la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece un conjunto de normas (normas básicas para blindar su obligatoriedad en el conjunto de las administraciones públicas) orientadas a reducir el gasto público y el endeudamiento.

No nos engañemos; los objetivos de esa Ley Orgánica están expresamente definidos. Así en su preámbulo dice “La salvaguardia de la estabilidad presupuestaria es un instrumento indispensable (…) para ofrecer seguridad a los inversores.”

Artículo 3.2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. Es decir, las administraciones locales están obligadas por ley a que les sobre dinero.

Artículo 4.2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. La sostenibilidad financiera implica que la deuda no debe superar determinados parámetros.

Artículo 30. (…) Las Corporaciones Locales aprobarán (…) un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. La regla de gasto establece que el gasto de las administraciones no podrá aumentar por encima de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía, aunque el Ayuntamiento presente superávit.

Artículo 32.1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, (…) a reducir el nivel de endeudamiento neto. La prioridad absoluta del pago de la deuda significa que los servicios públicos y los derechos que pretenden garantizar quedan supeditados a la satisfacción de los intereses de los inversores.

Si se revierte la reforma constitucional, esta Ley quedaría sin fundamento. Pero sin esperar a que eso se produzca, habrá que perseguir la eliminación de, al menos, sus aspectos más lacerantes: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto que encorsetan el funcionamiento de Ayuntamientos y Concejos

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, la ‘Ley Montoro’, puede lograr la desaparición de las administraciones locales, convirtiéndolas en agencias de subcontratación de los servicios públicos a las empresas privadas. Presentada como un instrumento de racionalización y mejora de la eficiencia en el gasto público, su orientación está encaminada a entregar el gobierno del territorio a las corporaciones contratistas de las administraciones públicas. Es el soporte legal de las privatizaciones y de la corrupción; los servicios municipales dejan de ser derechos de la ciudadanía para convertirse en negocio de determinadas empresas. No se trata de una interpretación rebuscada de la norma: en su Preámbulo dice que uno de sus objetivos básicos es “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.”

Este planteamiento implica además un recorte competencial sin precedentes, un importante retroceso de la calidad de los servicios que prestan las corporaciones locales, una reducción de las contrataciones de personal,…

La falsa justificación de «garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso» carece de sentido ya que los Ayuntamientos presentan un porcentaje de deuda pública casi insignificante (5%) y cerraron sus cuentas en 2015 con un superávit del 0,44 %.

En aplicación de esta Ley, Montoro ha remitido numerosas cartas exigiendo la disolución automática de empresas públicas que no arrojaron beneficios en los ejercicios de 2013 y 2014, por muy esenciales que fuesen los servicios públicos que prestan: transporte, suministro de agua, etc.

Montoro ha consolidado la tutela preventiva de la Administración General del Estado, que coloca a la administración local en situación de sumisión y sometimiento.

Por otra parte, las tasas de reposición, incluidas en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado como normativa básica, restringen las posibilidades no ya de contratación de nuevo personal (imprescindible, por ejemplo, en municipios de rápido crecimiento), sino incluso de sustitución de las jubilaciones.

Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, regla de gasto y tasas de reposición son camisas de fuerza que encorsetan el funcionamiento de Ayuntamientos y Concejos. Pero de todo esto no se habla en las líneas maestras de la reforma de la administración local de Navarra, porque se ha laminado la soberanía originaria de Navarra en este ámbito.

De poco vale argüir que el artículo 46 del Amejoramiento salvaguarda la autonomía de Navarra en materia de administración local si luego llega Montoro y hace de su capa un sayo con ella. Revertir esas normas es imprescindible para recuperar unos Ayuntamientos y Concejos que sean capaces de responder a sus responsabilidades sociales. No es una batalla fácil, pero hay que darla.

La ‘Ley Montoro’ se aprobó con el rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias. Contra ella se han presentado recursos de inconstitucionalidad interpuestos por parte de varios grupos políticos, de Parlamentos (entre ellos el de Navarra) y de gobiernos autonómicos. Buena parte de ellos han sido atendidos y, en consecuencia, diversos artículos han sido declarados inconstitucionales. Más de 3.000 ayuntamientos de todo el estado expresaron su rechazo a esta norma. Madrid, Cádiz y otros Ayuntamientos mantienen un tenso pulso político con Montoro.

Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley para derogar la mayor parte del articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, la ‘Ley Montoro’.

Esta “Proposición de Ley para aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local” pretende volver al escenario previo e implementar medidas urgentes para que las administraciones locales puedan prestar los servicios esenciales y garantizar los derechos de la ciudadanía.

Con la aprobación de esta Proposición de Ley, los ayuntamientos podrán recuperar la autonomía local, lo cual incluye primar la gestión directa de servicios municipales, recuperar competencias y establecer otras nuevas.

Además, la Proposición de Ley define cuáles son los servicios esenciales que debe prestar el ayuntamiento y fija las bases para acabar con los límites a la contratación de personal de cara a prestar estos servicios.

También permite que los consistorios formalicen nuevas operaciones de crédito cuando cumplan determinados requisitos.

En la disposición adicional tercera se establece un mandato al Gobierno del Estado para que en el plazo de nueve meses tome las medidas necesarias para reordenar las bases del régimen local, rediseñar las competencias de los entes locales y regular la financiación de las haciendas locales que garantice la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Son ya numerosos los Ayuntamientos de Navarra los que han aprobado mociones demandando la derogación de las normas referidas. Pamplona fue el primero a propuesta de ARANZADI. Son centenares los cargos electos, Asirón entre ellos, que se han adherido al Manifiesto de Oviedo que defiende similar pretensión.

Pero es necesario que este debate se lleve a los consistorios, a las candidaturas municipales, a la sociedad en su conjunto. No se trata de cuestiones técnicas, aunque su comprensión no siempre resulte fácil, sino de la pervivencia de esas administraciones que debieran dar la primera y más cercana respuesta a las demandas de la ciudadanía.

Este artículo se publicó orginalmente en el medio Pamplonauta